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La finalidad del estudio radica en establecer en qué medida el Estado puede permitir una serie de actuaciones que, motivadas por deber moral absoluto o imperativo de conciencia, colisionan con lo establecido por las normas de naturaleza jurídico-penal, cuya función es la de proteger los bienes jurídicos más importantes ante los ataques considerados de mayor gravedad. Así, se analiza si es posible y en qué casos la prevalencia de la actuación bajo un conflicto de conciencia frente al deber de obediencia a las leyes. En el caso de que no sea así se deberá plantear si, a pesar de que no se pueda garantizar de forma absoluta la actuación motivada por el imperativo de conciencia, resulta adecuado admitir un tratamiento jurídico-penal diferenciado en aquellos casos en los que el sujeto comete un delito obligado por dicho imperativo.
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