¿Aún no tienes una cuenta? Crea una ahora y accede a tus listas favoritas, tu histórico de cuentas y muchas más cosas...
Pedidos y atención al cliente
PARTICULARES: 963 392 051 - FAX: 963 615 480 / LIBRERÍAS: 963 600 598 - FAX: 963 694 151
1ª Edición / 203 págs. / Rústica / / Libro
Por la compra de este libro en papel tendrá acceso a las siguientes promociones (CÓDIGO PROMOCIONAL INCLUÍDO EN EL INTERIOR DEL LIBRO):
En papel: Entrega en 5-7 días |
|
|
Consultar disponibilidad en tiendas
Consultar disponibilidad en tiendasLos plazos estimados son para pedidos realizados antes de las 14:00h del viernes (salvo error o situaciones especiales: festivos, inventarios,etc).
|
||
Libro electrónico*: |
11,00 € | |
*Para visualizar los libros electrónicos debe tener instalado Adobe Digital Edition en su equipo. Para conocer más pulse aquí. |
Editado en México. Libro en papel sólo disponible en IBD (impresión bajo demanda). El libro bajo demanda se imprime de forma automática y de manera exclusiva para cada cliente. No admite devolución.
Cuando una resolución judicial irregular, entendiéndose por irregular aquellas que no se encuentren apegadas a derecho cause daños y perjuicios a quien no tiene obligación de soportarla, se debe indemnizar por la misma razón que en ese sentido resultan indemnizables los actos administrativos irregulares que los particulares no tienen obligación de soportar.
El derecho a la indemnización de los actos administrativos irregulares se encuentra reconocido en el último párrafo del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en su ley reglamentaria denominada Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
Por su parte, el derecho a la indemnización de los actos judiciales irregulares encuentra fundamento en los artículos: 10 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y en el 14, inciso 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1910 y 1916 del Código Civil Federal.
Cabe mencionar que el Poder Judicial Federal no reconoce el derecho a la indemnización de los actos judiciales irregulares que causen daños y perjuicios a los particulares, salvo que se encuentren en sentencia firme contra la cual ya, incluso, no proceda juicio de amparo.