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En este libro se analiza la regulación del procedimiento abreviado en el sistema jurídico
mexicano. También, se estudian y analizan las resoluciones de la Suprema Corte
que han dotado de contenido a esta forma de terminación anticipada. A partir de la
reforma de 2008, el procedimiento abreviado ha sido objeto de diversas interpretaciones.
En la práctica, las reglas que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales
no siempre son respetadas por los operadores del sistema acusatorio. La pluralidad
de criterios ha provocado confusión. En esta obra se analizan datos empíricos
(sentencias, entrevistas, audiencias, etc.), con la intención de que el lector observe
la divergencia de criterios que existen. ¿Solicitar el procedimiento abreviado es una
facultad exclusiva del Ministerio Público o un derecho de toda persona imputada?
¿Por qué ha habido casos en donde se lleva a cabo el procedimiento abreviado en la
etapa de juicio oral? ¿En ninguna circunstancia el Juez de Control puede modificar la
pena solicitada por el Ministerio Público y aceptada por la persona acusada? Estas y
otras preguntas son contestadas en este libro desde un enfoque constitucional
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