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El Derecho positivo presta escasa atención al uso de la fuerza por parte de los efectivos policiales, reservada únicamente al reproche disciplinario y a la sanción penal, sin perjuicio de su incidencia causal en asuntos de responsabilidad patrimonial por daños.
De manera particular el derecho administrativo, sede en la que se regula la actuación de los poderes públicos en sus relaciones con los ciudadanos, ofrece un tratamiento escaso o nulo de esta materia, inversamente proporcional a la importancia y especial gravedad que genera su problemática.
Un Estado de Derecho con una solvencia y madurez democráticas necesita una regulación del uso de la fuerza, ya sea para conferir seguridad jurídica al entramado de derechos y obligaciones entre los agentes actuantes y los ciudadanos, o bien para fijar normativamente el alcance y los límites de la actuación administrativa, más allá de una remisión genérica a principios informadores.
Esta monografía viene a cubrir esta laguna, analizando abundante casuística y proponiendo la construcción de un derecho administrativo especial de seguridad pública.
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