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Durante décadas, el hecho de que un empresario nacional comprara la voluntad de una autoridad extranjera a cambio de un soborno con objeto de lograr una adjudicación pública ha sido considerado una conducta ajena al reproche social y, por supuesto, a la condena por parte del Derecho. Este tipo de conductas se han visto potenciadas en el contexto globalizado que vivimos, manifestándose con ello un paradójico fenómeno: aunque los países más avanzados tiendan a controlar sus tasas internas de corrupción, parecen descuidar la capacidad corruptora de sus industrias cuando éstas actúan fuera de sus fronteras, aceptando- si no incentivando- estas conductas por motivos macroeconómicos.
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