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La Ley de Defensa de la Competencia de 3 de julio de 2007 ha introducido novedades fundamentales respecto a su predecesora. Entre ellas hay que destacar la eliminación del sistema de autorización administrativa de los acuerdos restrictivos y su sustitución por un sistema de auto evaluación por aparte de los propios empresarios y consecuentemente de sus asesores legales, la posibilidad de ejercer acciones de indemnización por los daños y perjuicios sufridos ante los juzgados, de la mercantil sin necesidad de contar con una resolución administrativa previa que declare la comisión del ilícito y la denominada política de clemencia. Como consecuencia de tales reformas los asesores jurídicos de empresas se están viendo de modo más frecuente y constante consultados por los empresarios a la búsqueda de criterios de guía y valoración en una materia que afecta a un número considerable de empresas. Los autores presentes en esta obra son todos ellos especialistas en el campo con amplia experiencia en el ámbito de los órganos de defensa de la competencia, la jurisdicción, la abogacía y la academia, que desvelan para el lector las claves de la nueva ley.
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