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La entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento 1/2000, de 7 enero, era un buen momento para analizar su incidencia en todos los aspectos del proceso laboral y, por tanto, también en su vertiente más económica. La diferencia entre gastos y costas procesales, la tasación y su impugnación, así como la liquidación de intereses de mora procesal frente a particulares y frente a la Administarción, son cuestiones cuyo estudio requiere una constante actualización. Por último, la siempre debatida reclamación tanto de los honorarios de Abogado y Trabajador Social como de las cuentas del Procurador por su intervención en el trabajo merecía asímismo un análisis claro y detenido como el que aquí se ofrece.
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