Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada nº10 2007

La cultura, y más concretamente las manifestaciones artísticas, componen uno de los sectores más intervenidos, incluso interferidos, por el Derecho. Si en nuestro sistema jurídico existe una tendencia inequívoca al libre comercio y a la autonomía de la voluntad, diversos intereses y valores justifican una actitud diferente del Derecho frente al arte y a la cultura. Diversos elementos convierten al arte y al patrimonio cultural e histórico en un producto "estratégico". Muchas son, sin dudas, las aristas que presentan la relación entre el arte y el Derecho y el difícil equilibrio en este ámbito entre la libertad (tan esencial en la creación artística como en nuestro concepto de mercado) y el control público. En este número monográfico se contienen análisis de algunos aspectos claves de estas relaciones, sin agotar ni mucho menos toda su riqueza problemática. Existe, sin duda, un interés público consistente, en primer lugar, en prornocionar y proteger las manifestaciones artísticas y culturales como un activo valioso del acervo propio de la Nación, del Estado y, más allá, de la propia comunidad internacional o humanidad en su conjunto. En este contexto, Inmaculada Sánchez Ruiz de Valdivia analiza el régimen jurídico de los conjuntos históricos y de las ciudades declaradas patrimonio de la humanidad, poniendo de relieve los riesgos de la normativa vigente, capaz de provocar más degradación que protección. El análisis del régimen urbanístico y fiscal de los conjuntos históricos plantea una difícil convivencia entre el régimen urbanístico y de protección del patrimonio, en que las transferencias de aprovechamiento urbanístico pueden constituirse en piedra de toque. La protección del patrimonio artístico y cultural no es una responsabilidad exclusiva del Estado o las administraciones autonómicas. En nuestro país, la historia justifica la implicación de la Iglesia y de las comunidades religiosas en la gestión del patrimonio histórico-artístico. De ahí la pertinencia de un estudio como el realizado por Leticia Rojo Álva-rez de Manzaneda, en el que se aborda el tratamiento que la legislación autonómica reserva para los bienes histórico-artísticos de las confesiones religiosas. La competencia autonómica en esta materia justifica la utilidad de un estudio cuyo principal valor es proporcionar de forma exhaustiva la identificación de dicha reglamentación en todas y cada" una de las Comunidades Autónomas.