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1ª Edición / 479 págs. / Rústica / Castellano / Libro
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Como continuación de los Esquemas de teoría jurídica del delito y de la pena aparecidos en el año 2007, y que hoy ya van por la tercera edición, presentamos estos ?esquemas de parte especial? (que en esta primera edición únicamente llegan hasta los delitos contra la Hacienda Pública), con los que pretendemos facilitar a los estudiantes (y no sólo) el material que precisan para la realización de sus estudios. Aparece esta publicación en un momento especialmente oportuno y, al mismo tiempo, ?delicado?: tras la reforma operada por la LO 5/2010, de 22 de junio, que ha modifi cado una gran cantidad de preceptos de la Parte Especial del Código Penal. Se trata de una reforma, a nuestro entender, con una cantidad abusiva de defectos, muchos de ellos debidos a la omisión del más elemental deber de cuidado en las elaboraciones normativas (como la remisión a apartados dejados, por la propia reforma, vacíos de contenido; véase en este sentido ?y es sólo un ejemplo y ni mucho menos el único caso? la que realiza el artículo 371.2 último párrafo al ya suprimido apartado 2 del artículo 369, ambos del CP), en otros casos atribuibles al desconocimiento de la normativa internacional (el ejemplo del nuevo delito de piratería para cuya descripción se ha prescindido de aspectos esenciales de la ?Convención de Jamaica?, es sufi cientemente ilustrativo), y, en fi n, en otros consecuencia de una Política Criminal especialmente complaciente con los poderosos y de un rigor infi nito con los ?pequeños delincuentes?. Con todo, lo más preocupante, por las gravísimas circunstancias económicas que padecemos ?que cada poco tiempo arrojan a la miseria y a la desesperación a miles de conciudadanos?, es el escaso deseo de los legisladores por castigar las actividades de los responsables de las entidades de crédito, agencias de califi cación, fi rmas asesoras, agencias de inversión, e intermediarios fi nancieros en general, que son, en buena medida, los culpables de la actual situación económica ?junto, naturalmente, a los promotores inmobiliarios que con tan buenos ojos han sido siempre vistos por el Gobierno, y a todo tipo de Alcaldes, Concejales, Consejeros de Comunidades y otros cargos políticos que compiten ventajosamente con algunas aves en rapacidad.