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El año 2003 fue testigo de profundas reformas penales, de signo represivo, que, tal como se denunció profusamente por la doctrina, supusieron un importante retroceso en alguno de los decisivos pasos que el Código penal de 1995 había dado en su proclamado intento de adecuar nuestro sistema legal a las exigencias del modelo constitucional. La aceptación expresa, reconocida en las correspondientes exposiciones de motivos de las leyes reformadoras, de algunas de las opciones político-criminales inspiradas en la ideología fuertemente punitivista vinculada a atentados terroristas de fuerte impacto que están en la mente de todos, no podía llevar a otros resultados. Una política criminal que, al menos en materia de terrorismo, se orienta no sólo a la lucha contra el delito, sino, y sobre todo, a la lucha contra la sensación de inseguridad -inevitable, por otra parte, en un contexto mediático alarmista y acrítico- no podía resultar compatible con el conjunto de garantías que están en la base de cualquier sistema penal que se reivindique democrático.
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