Derechos Humanos e ilicitud probatoria en el sistema de justicia penal en México

En México, recientemente se ha cuestionado severamente la labor jurisdiccional, tan es así que en sede legislativa se pretende limitar la posibilidad de que el juzgador pueda desaplicar el mandato constitucional sobre la prisión preventiva oficiosa, a pesar de que la corteIDH, determinó que el artículo 19 del pacto federal es inconvencional, bajo la falsa premisa de que existe la "dictadura de las togas", incluso, se pretende aumentar el número de delitos que ameritan la aplicación oficiosa de esa medida cautelar, lo cual nos hace recordar lo sucedido en la revolución francesa, en cuanto se recriminaba a los jueces haber constituido "la aristocracia de las togas", pero sin que ese suceso histórico pueda constituir alguna similitud con la postura asumida por la legislación mexicana.
Por eso, en este texto, se propone como objetivo primordial el estudio del origen y actualidad de los derechos humanos, en relación con las pruebas que se puedan desahogar en el proceso penal, delimitando la naturaleza y consecuencias bajo las cuales pueda darse la ilicitud probatoria que amerite la exclusión del proceso, exponiendo algunos casos de relevancia particular en los que se aplicó dicha exclusión probatoria, bajo el análisis cuantitativo y cualitativo que puede servir de instrumento al operador jurídico en la aplicación de esa medida cautelar, para poder conciliar cualquier pugna que pueda darse entre los diversos poderes del estado mexicano.