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1ª Edición / 384 págs. / Rústica / Castellano / Libro
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La Constitución de 1857 establecía que, en ausencia del presidente de la república, el presidente de la Suprema Corte de Justicia debía asumir interinamente su cargo. Aunque esta disposición surgió como una fórmula excepcional para asegurar la continuidad del gobierno y prevenir disputas por el poder, desde 1858 hasta 1877, todos los presidentes del máximo tribunal, sin excepción, reclamaron en algún momento la titularidad del Ejecutivo. Con frecuencia, estas pretensiones políticas desataron conflictos que profundizaron la crisis que ya vivía el Estado a consecuencia de la imposición modernizadora de la Reforma liberal. El presente trabajo estudia estos conflictos por la presidencia a la luz de otro precepto fundamental en el arreglo de la judicatura federal, a saber, la elección popular de los magistrados, novedad democrática de la Constitución liberal. De esta manera, la obra explora las consecuencias que tuvo la convergencia de ambas disposiciones constitucionales, la alternativa que permitió corregir el problema en la década de 1880 y el difícil ejercicio de las atribuciones políticas de la Corte durante las décadas de consolidación del Estado liberal.