Errores e Inconstitucionalidades del Código Nacional de Procedimientos Penales

El libro de Pablo Hernández Romo, que tengo el gusto de prologar, es una obra importante: importante porque lo es su objeto, el Código Nacional de Procedimiento penal mejicano, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de mayo del presente 2014; e importante también por la envergadura de la tarea que emprende, la confrontación minuciosa, casi artículo por artículo, de esa ley con la Constitución política de los Estados Unidos Mejicanos. El Código procesal penal de un país ha de ser examinado con el detalle con que lo hace el autor, pues los derechos fundamentales que las Constituciones proclaman son, con frecuencia, desconocidos o negados cuando residen en la zona más conflictiva, el proceso penal, con el que la sociedad persigue el castigo de quienes más gravemente han infringido sus reglas básicas. En ese ámbito, los derechos se viven como obstáculos en la dura batalla contra la delincuencia sin reparar en que se trata de garantías ciudadanas que protegen a todos contra los nada infrecuentes abusos del poder. El autor, que no es precisamente novel, ha llevado a cabo su trabajo de manera impecable e implacable, señalando cada uno de los posibles déficits de constitucionalidad de la nueva legislación. Con ello, de modo simple, claro y preciso, ha intentado, con éxito, desempeñar el contenido más básico de la doctrina: velar por la racionalidad de las leyes, cuya máxima irracionalidad es, precisamente, ser contrarias a la Constitución. ¡Ojalá logre con su trabajo que los operadores jurídicos institucionales le escuchen y den a sus objeciones las respuestas más justas!