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El tema de la geolocalización establecida en la norma procesal penal como una herramienta más para la investigación del delito genera polémica porque las nuevas generaciones no están dispuestas a ceder parte de su privacidad y de ese ambiente aparentemente neutro que encuentran en la red mediante dispositivos móviles que existen en el mercado para mejorar las comunicaciones; sin embargo, los teléfonos inteligentes (o smartphones) y el ingreso habitual al ciberespacio permiten que el usuario se autogeolocalice.
El establecimiento de la geolocalización en la norma procesal penal dio lugar a su impugnación constitucional a través de dos acciones de inconstitucionalidad (la primera ya fue resuelta declarando constitucional la geolocalización) y un amparo, el cual determinó la constitucionalidad de la geolocalización como una forma de preservar los derechos de las víctimas.

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