¿Aún no tienes una cuenta? Crea una ahora y accede a tus listas favoritas, tu histórico de cuentas y muchas más cosas...
 
			
			Pedidos y atención al cliente
					TLF:(55) 6550 2317     TLF:(55) 6550 2318
				
1ª Edición / 340 págs. / Rústica / Castellano / Libro
Por la compra de este libro en papel tendrá acceso a las siguientes promociones (CÓDIGO PROMOCIONAL INCLUÍDO EN EL INTERIOR DEL LIBRO):
| En papel: Entrega en 15-20 días Disponible en impresión bajo demanda | $ 924.00 MXN | |
| Libro electrónico*:       | $ 561.00 MXN | |
| *Para visualizar los libros electrónicos debe tener instalado Adobe Digital Edition en su equipo. Para conocer más pulse aquí. | ||
Editado en Chile. Libro en papel sólo disponible en IBD (impresión bajo demanda). El libro bajo demanda se imprime de forma automática y de manera exclusiva para cada cliente. No admite devolución.
En los ya más de veinte años que han transcurrido desde la entrada
 en vigencia del actual sistema procesal penal chileno, su aplicación
 ha dado lugar a distintos problemas interpretativos. En este libro se
 analizan y se proponen soluciones para varios de esos problemas,
 en particular, en el ámbito de las medidas coercitivas en el proceso
 penal (medidas cautelares, control de identidad y diligencias intrusivas),
 en el de los mecanismos de justicia penal negociada y en el
 de los recursos procesales. Además, se examinan algunos problemas
 relativos al sobreseimiento y a los testigos de identidad reservada.
 El resultado es un texto que, apoyado en una copiosa bibliografía,
 que incluye más de trescientos títulos nacionales y extranjeros, y
 en una nutrida selección de jurisprudencia de tribunales superiores,
 analiza, desde una perspectiva dogmática y crítica, pero también con
 una orientación práctica, diferentes temas de gran relevancia para la
 comprensión y la aplicación del proceso penal chileno. De allí que
 este libro esté destinado a servir no solo como material de apoyo
 para docentes y estudiantes de derecho, sino también como texto
 de consulta para quienes se desempeñan como operadores en el
 sistema jurisdiccional penal, principalmente, jueces, fiscales, querellantes
 y defensores.