El caso de los niños perdidos del franquismo

Crimen contra la humanidad

Entrevista a Miguel Ángel Rodríguez Arias

Investigador del Instituto de Derecho penal Europeo e Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y autor de la obra

¿Cómo surgió la idea de escribir el libro?

La impunidad de todo lo perpetrado por el régimen franquista contra los defensores de la Segunda República española siempre me pareció algo mucho más allá del homenaje y de la memoria; algo perfectamente equiparable en muchos casos a los propios crímenes del nazismo. La situación de los miles de desaparecidos de las fosas llamó además particularmente mi atención dada la especial configuración permanente del crimen de desaparición forzada de personas, lo que ponía en entredicho todo lo (no) actuado en nuestro país. Mucho más aún la situación de los desaparecidos en vida desde su más tierna infancia, lo que viene a representar, además, una modalidad agravada de éste crimen contra la humanidad.

¿Cuál es la meta que quiere alcanzar?

En este sentido el objetivo del libro no puede ser otro que el poner de manifiesto todo ello: las distintas posibilidades de acción al alcance de las víctimas tanto como las, hasta ahora, completamente desatendidas responsabilidades de nuestro Estado en la tutela de sus derechos. Sin perder tampoco de vista que esta monografía es la continuación de un camino contra la impunidad y el olvido de estos crímenes iniciado en su día por otras personas como Tomasa Cuevas, Eduardo Pons Prades, Ricard Vinyes Ribas, Armengou y Belis y otros. Sin todo su trabajo previo de documentación difícilmente hubiese sido posible abordar el estudio jurídico de todo ello.

Queda, pues, mucho por hacer ¿Por dónde deberíamos empezar?

Sí, todo está por hacer. Lo primero es determinar el alcance de las desapariciones forzadas de personas con la colaboración de familiares y organizaciones sociales, tal y como ha comenzado a hacer en las últimas semanas la Audiencia Nacional. Pero sin olvidar tampoco a los niños perdidos, que no representan sino otra modalidad de desaparición forzada de personas. Junto a ello, y como ha demostrado la experiencia de otros Estados de Derecho que han debido hacer frente a este tipo de crímenes, será necesario activar los recursos institucionales necesarios, en expresión de esa misma idea ( presente en la jurisprudencia internacional) de que el Estado asuma de forma plena la búsqueda e identificación de los desaparecidos, como una tarea y responsabilidad propias, sentida como tal por todo su aparato organizativo.

Estas desapariciones masivas, ¿por qué no son un genocidio? Al fin y al cabo, los republicanos constituían para la psiquiatría oficial del régimen una suerte de plaga, una subraza de la que mantenerse alejados.

Ese podría ser un enfoque, y de hecho existe la modalidad de genocidio consistente en el traslado de niños de un grupo a otro; sin embargo, y al margen de otras posibles consideraciones abordadas en el libro, la realidad es que los defensores de la Segunda República española, y sus familiares, no constituían ningún grupo racial degenerado, al margen, fueran cuales fueran las alucinógenas representaciones de sus verdugos. Y la Convención contra el Genocidio de 1948 no contempla entre los grupos protegidos el grupo político o social. De igual manera que en otros aspectos se invoca la validez y aplicabilidad de los instrumentos internacionales, en este caso de esta misma ha de derivarse una restricción, ciertamente poco comprensible pero tan vigente, y reconocible, como todo lo demás.

¿Qué instrumentos deberíamos poner en marcha?

Ha llegado el momento de afrontar la activación de instrumentos como:

a) Una Comisión Gubernamental de Búsqueda de los desaparecidos, plenamente participada por las víctimas y organizaciones como le reclamaría la Corte Interamericana al Salvador.

b) Una Base Nacional de Datos Genéticos, que con todas las salvaguardas debidas a este tipo de información permita una certera identificación de víctimas de las fosas y de niños perdidos

Las autoridades del nuevo Estado democrático ¿deberían asumir responsabilidades penales por omisión del deber de perseguir delitos?

Es cierto que en nuestro Código Penal se contempla esta figura en el artículo 408 del Código penal; en todo caso con todo esto más parece tomarse constancia de la idoneidad de una revisión cualificada de la misma ante el concreto supuesto de crímenes internacionales, dado el especial deber, también internacional, que concierne al Estado en el ejercicio de sus funciones. Otra cosa distinta, más allá del terreno de la omisión propia, habría de ser la posible toma en consideración de otras figuras como el artículo 176 del Código Penal en conexión al omitido deber de impedir la perpetración del trato degradante o inhumano a los familiares durante todos estos años, en especial dado el carácter de consumación permanente del delito que nos ocupa a partir de la actuación inicial de los autores materiales. En todo caso, y al margen de otras consideraciones, esa cuestión habrá de ir ligada a la propia individuación de la posible calificación de trato inhumano o degradante a las víctimas en casos concretos, que no es automática por el mero hecho de ser familiar directo de un desaparecido, como acabo de apuntar.

¿Qué podemos esperar en los próximos años?

Junto a todo ello, de forma complementaria, o alternativa, a que nuestro Estado asuma finalmente por propia iniciativa sus responsabilidades, cabe reconocer toda una nueva dimensión de la acción internacional de las organizaciones de víctimas siguiendo el propio ejemplo reivindicativo marcado por las Abuelas de Plaza de Mayo respecto el Estadoargentino; nuevas perspectivas de acción ante organismos como:

- el Comité de Derechos Humanos en virtud de la vulneración del Pacto Internacional de Derechos Civiles, siguiendo el precedente del caso Gallichio

- el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos;

- nuevas actuaciones ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas o el nuevo Comité contra la Desaparición Forzada, en el concreto caso de los niños perdidos

- la presentación de denuncias, o comunicaciones de los particulares ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en los casos en los que el desentendimiento de los desaparecidos, y del sufrimiento de sus familiares, durante todos estos años, sea susceptible de ser calificado como trato inhumano por parte de las autoridades democráticas del Estado español.

- ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en cuanto al carácter de género de estos crímenes como pena inhumana, aún vigente, en la esfera de la maternidad.

Y ello sin olvidar, tampoco, la acción internacional de coordinación con otras organizaciones de derechos humanos, u otras medidas como el recurso a representantes de distintas instituciones internacionales, confesiones religiosas, o jefes de Estado y de Gobierno para que actúen una mediación humanitaria ante nuestras propias autoridades nacionales con la finalidad de que se atengan a la observancia de las "costumbres propias a las naciones civilizadas" y a las "leyes de humanidad" (parafraseando la conocida cláusula Martens de la Convención de la Haya, ratificada también por España desde 1900), dando fin a la aberrante situación de los miles de desaparecidos de las fosas comunes que continúan salpicando nuestra geografía, y del número indeterminado de niños perdidos que, todavía hoy, continúan desconociendo su verdadera identidad y de los familiares que aún esperan ese reencuentro.

O al menos eso es lo mínimo que se merecen todas estas víctimas olvidadas.
 

Entrevista con Miguel Ángel Gimeno Jubero

Magistrado Presidente de la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Barcelona y Portavoz de la Asociación Jueces para la Democracia

Entrevista con Ricard Vinyes Ribes

Profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona. Coautor de "Los niños perdido del franquismo". Ed. Debolsillo

El pasado 17 de marzo de 2006 la Asamblea Parlamentaria del Consejo de  Europa reconoció y condenó el caso de los niños perdidos del régimen  franquista ¿Cómo es posible que España no ha hecho prácticamente nada por los desaparecidos durante el franquismo?

Usted menciona en su libro que las desapariciones se llevaban a cabo normalmente por dos vías:
A) Secuestro de niños de madres republicanas
B) Caza del niño rojo como grandes operaciones de prestigio por parte del Estado franquista para el consumo interno. ¿De qué se trataba esto último?

Es muy lamentable que el Estado español no haya realizado actividades claras de averiguar qué pasó con las víctimas del franquismo, y entre ellas muy especialmente con los hijos de presas, de trabajadores no afectos al régimen franquista o aquellos que de una u otra manera se les privó de su derecho al nombre, a su filiación, a saber quienes eran.

Poco o nada se ha hecho en ese sentido y creemos que ha sido por la deficiente transición política que se hizo tras la muerte del dictador.

No se trataba de trofeos, sino de escenificar y publicitar la bondad moral del Nuevo Estado, capaz de perdonar y reeducar a los hijos de los que habían traicionado la patria.

Desde su opinión como juez, ¿Qué pasos tendríamos que seguir?

Asimismo cuenta cómo esas detenciones y secuestros no se realizaban en la clandestinidad, ya que formaban parte del sistema de vencedores y vencidos, ¿Cómo pudo institucionalizarse algo tan atroz?

La primera labor, esencial para poder continuar con las demás, es elaborar un listado de los niños que fueron sustraídos a sus padres. Estamos convencidos de que puede hacerse con gran fiabilidad y con la ventaja que podemos averiguar incluso su identidad actual

En realidad se había construido un arquetipo del Mal, una idea pura del Mal que deshumanizaba al republicano. Para salvar a los niños republicanos de sus madres y familiares Vallejo Nágera construyó la tesis de la "segregación total", y  el Estado se encargó de articular una legislación que lo hiciese aplicable.

¿Hemos avanzado en algo?

Aquella pretensión de erradicar el gen republicano a base de secuestros y borrar identidades ¿se parece a la eugenesia practicada por el régimen nazi?

No, no hemos avanzado en ese sentido. Es más, creo que hemos retrocedido porque el paso del tiempo nos hace distantes y los niños de entonces son personas de avanzada edad, lo que nos exige diligencia

No. las tesis raciales alemanas, francesas y británicas tienen argumentación genética. Para Vallejo Nágera y la psiquiatría franquista, la raza española procede y se sostiene de una espiritualidad cultural a la que llaman Hispanidad, la cual a lo largo de los siglos ha ido deteriorándose a medida que avanzaban los procesos de democratización: a más democracia mayor peligro para la raza española. Así pues la práctica eugenésica de protección de la raza no debía consistir en la esterilización para impedir la transmisión genética,  sino que debía apartarse a los hijos de republicanos de los ambientes democráticos y educarlos en centros especiales del Estado o la Iglesia.

¿Qué opina de la Ley de Memoria Histórica?

¿Cómo se pueden rescatar estos niños perdidos si a la mayoría le cambiaban los apellidos cuando eran entregados a sus nuevas familias?

 La Ley de Memoria histórica resulta manifiestamente insuficiente y ha defraudado las expectativas de las personas que la reclamaban. No resulta muy comprensible que algunas fuerzas políticas se situaran al margen de lo que es una exigencia social bastante arraigada y que permitiría que generaciones actuales y venideras pudieran ver los hechos de la guerra civil y posteriores con objetividad

No se pueden rescatar de ninguna manera. Además exigir al Estado que pida perdón como reclaman hoy algunas voces no tiene sentido, puesto que lo que es irreparable, es imperdonable.

Entrevista a José María Pedreño Gómez

Presidente de la Asociación Foro por la Memoria

La Alemania nazi, la dictadura Argentina, Chile, ¿Cómo es posible que España haya contribuido a perseguir crímenes contra la humanidad y no ha hecho prácticamente nada por los desaparecidos durante el franquismo?

La clave del asunto hay que buscarla en la transición. Hasta ahora se ha dicho siempre que la transición fue modélica y ahora estamos viendo que no fue así. Los triunfadores del golpe de 18 de julio y sus herederos no perdieron nada, es más, ganaron en posibilidades de poder expandir sus negocios fuera del país; la mayor parte de los dirigentes de la izquierda parlamentaria también ganaron ya que pasaron a formar parte de la clase dirigente; y el pueblo recupero un sistema de libertades, pero perdió la oportunidad de que se hiciera justicia con la dictadura por el acuerdo al que llegaron unos y otros. La Ley de Amnistía del año 1977, era la plasmación sobre papel del acuerdo al que habían llegado. Ahora sabemos que es una ley de punto final contraria al derecho penal internacional, que una democracia no puede amnistiar presos políticos, ya que en democracia no existe el delito político de opinión o pensamiento y que, por lo tanto, lo que perseguía era amnistiar los crímenes contra la humanidad cometidos por los franquistas.

¿Se hace algo por todas esas familias que todavía siguen buscando a sus familiares?

Podemos decir que se ha hecho muy poco. Un grupo de activistas de unas cuantas asociaciones, casi sin recursos, han hecho más, durante los últimos ocho años de lo que ha hecho todo un Parlamento y un Gobierno en más de treinta años de democracia. Es más, pasado ya casi un año de la aprobación de la Ley de Memoria, siguen siendo las asociaciones las que llevan todo el peso de la carga. Alguna subvención para proyectos concretos y poco más. Sigue siendo totalmente vergonzoso que vivamos en un país que se llama democrático a si mismo y de derecho y que haya miles de defensores de la democracia en fosas esparcidas por todo el territorio y que el Gobierno no haya puesto ya en marcha todo el aparato del estado para rescatarles y que se haga justicia. Por poner un ejemplo: ¿Por qué no da órdenes al fiscal general de estado para que actúe apoyando la competencia de Garzón? Todo son buenas palabras del ejecutivo, pero algo tan sencillo como eso no lo hace y nos encontramos que Garzón para declararse competente tiene la oposición de la fiscalía de la Audiencia Nacional y quien manda sobre los fiscales es el fiscal general del estado y éste, a su vez, recibe instrucciones del Gobierno. Se sigue teniendo un miedo terrible a que esto ponga en evidencia cuestiones que afectarían a la estructura económica, política y social que tenemos.
 

¿En qué situación nos encontramos actualmente?

El movimiento memorialista ya no se conforma sólo con los restos cadavéricos de los fusilados, sino que se plantea  claramente cuestiones que van mucho más allá. Las asociaciones, poco a poco, van perdiendo la desconfianza y tienden a unirse en cuestiones concretas. Lo del trabajo jurídico es evidente con los dos procesos abiertos en la Audiencia Nacional (el de los oficiales de los SS y las denuncias por desapariciones forzadas). Los poderes públicos, con su doble juego, lo que están intentando a toda costa es controlar el movimiento. En el caso de los SS, contamos con apoyo organizaciones de todo el mundo y conforme el debate siga en la calle y en los medios cada vez más organizaciones de defensa de derechos incluirán en sus idearios la Memoria Histórica. Poco a poco iremos viendo que todo esto va tomando cuerpo.

¿Qué papel juegan los demás partidos políticos?

Si nos referimos a los partidos con representación parlamentaria, creo que siguen jugando a lo mismo que jugaron en la transición. Hasta el PP hubiera estado de acuerdo con la Ley de Memoria si el PSOE y sus aliados parlamentarios no la hubieran usado contra ellos. La ley es equidistante, no declara ilegal el franquismo, no declara sus actos jurídicos nulos de pleno derecho, no plantea devoluciones de patrimonios incautados a particulares y, además trata a las víctimas del franquismo y a las que sufrieron los excesos de elementos incontrolados en la retaguardia gubernamental al mismo nivel. Todos están de acuerdo de hacer esto, unos planteando que se haga con el menor ruido posible y otros haciendo algo más de ruido, pero ninguno está dispuesto a que se haga justicia ya que los efectos derivados de una condena jurídica del franquismo provocaría el cuestionamiento de todo el sistema jurídico, institucional, económico, etc... Imaginemos por un momento si hubiese que devolver todas las propiedades incautadas a los republicanos, o al declararse nulas las multas impuestas como consecuencia de las leyes represivas hubiese que devolver a las familias el importe actualizado con sus intereses correspondientes. Hay muchas más cuestiones que saldrían a la luz y muchos efectos derivados de una condena de estas características.

¿Qué cree que ocurrirá en un futuro próximo?

Si se siguen poniendo muros de contención al movimiento, éste se hará cada vez más fuerte y los irá rompiendo todos para alcanzar sus objetivos. Este proceso de lucha, junto al resto de luchas que se irán desarrollando por otras cuestiones, provocarán grandes cambios en positivo con la conquista de derechos sociales y civiles que aún no disfrutamos.