Las mayorías absolutas en los gobiernos democráticos han hecho que la clásica división de los distintos poderes de la sociedad -legislativo, ejecutivo, judicial y, si lo aceptamos, la prensa- se refunda al menos en los dos primeros en algo que podemos llamar poder político. Ciertamente, los legisladores están sometidos a los designios del ejecutivo con lo cual nadie puede discutir ahora mismo en España que la fusión es una práctica diaria; el legislativo es una expresión del ejecutivo en casos de mayoría absoluta y es justamente lo que estamos viviendo en la actualidad. De modo que se quedan en tres los poderes: político, judicial y el antes cuarto poder, la prensa. Pertenezco, con orgullo, a ese cuarto poder que no lo es tanto a poco que se conoce desde dentro y que los demás, sobre todo los políticos, le atribuyen más influencia de la que en realidad tiene. Ese orgullo me hace valorar en mucho, muchísimo, la independencia de cada uno de los tres pilares de la sociedad y más en la actualidad. Porque siento que más que nunca la independencia queda como uno de los valores más valorados y, por ende, más perseguidos por el poder político, el único de los tres poderes establecidos convencionalmente con auténticas ansias de dominio.
Si en los últimos años estamos comprobando cómo el poder político intenta, en muchos casos con éxito, inmiscuirse, dirigir y controlar el poder de las empresas de comunicación, y no es el caso de este artículo, no se queda fuera el poder judicial. Desde hace años y no solamente en la administración actual los ciudadanos estamos asistiendo al lamentable espectáculo que dan los gobiernos y segmentos importantes de la judicatura de unir sus caminos y sus intereses. Posiblemente desde una ingenuidad que no me merecía, acaso imputable a la necesidad de ver pare creer, me resistía a aceptar que la correa de transmisión, que la influencia del poder invasor político estaba haciendo mella en la Justicia. Pero no me arrepiento. Siempre he creído en la independencia de la justicia y ahora por mi oficio y mi experiencia empiezo a ver que lo que existe son los jueces independientes y ellos son la esperanza del ciudadano porque el sistema se halla "tocado" ante la opinión pública. Uno contempla cómo en muchos casos la respuesta de la Justicia no es unívoca, sino que depende siempre del juez que le toca impartir tan importante ministerio. Y alguien puede pensar que lo veo como malo. La ingenuidad pasó para todo, de modo que uno sabe a ciencia cierta que la vida es así y que la Justicia no es aquella que ni ve, ni oye, ni habla y que tan sólo dispensa sus sentencias, y que la situación actual es el signo de los tiempos y que si siempre hemos pedido que los jueces abandonaran su castillo, que no tenían por qué ser dioses intocables e incuestionables, el dejar de estar encastillados, algo requerido por la sociedad, también lleva en muchos casos su indefensión. Lo uno va con lo otro. La justicia abandona el castillo para estar más cerca de la realidad social y en ese cambio de estatus pierde su fortaleza frente al as influencias políticas primordialmente. Las conexiones reales del poder político con la justicia ya no escandalizan a nadie. El poder político parece haber legitimado sus ansias de influir en los protagonistas de la justicia so capa de democratizar sus órganos representativos y también ejecutivos por aquello de que esté reflejado el propio pluralismo de la sociedad. Ello no debería, pues, asustar a nadie porque estamos ante un intento legítimo y hasta coherente. Pero la sociedad debería de empezar a preocuparse profundamente cuando por las fisuras más insospechadas el poder político ejerce su influencia en los jueces a la hora de decidir o de ver los asuntos a la hora de ajusticiar. La sociedad debería denunciar, en la medida en que esto se hiciera patente, con la misma diríamos naturalidad, con el mismo desparpajo con el que los gobiernos asaltan la independencia judicial, porque esa, una vez aceptados los nuevos tiempos, es la única y gran esperanza que nos queda a lo administrados, que podemos entender que a la hora de establecer las jerarquías, las representaciones de las justicias se van a aplicar más o menos criterios políticos o se observan determinados reflejos que persiguen, al menos oficialmente, una imagen democrática, pero nunca que un juez siga dictados de nadie o tenga que mirar de reojo para salvarse al a hora de afrontar un caso que enfrenta a un ciudadano con la administración o con sus representantes políticos. En Valencia no estamos alejados de esta situación y de vez en cuando podemos ver resoluciones que hacen sospechar que la influencia política o las versiones políticas pueden alcanzar a las decisiones o a los criterios judiciales. Por supuesto que esto resulta bastante difícil de demostrar y sobre todo de denunciar, por tanto me perdonarán que obvie el pormenor pero a un observador escrupuloso o conocedor de determinados entresijos no se le puede escapar que se intenta constantemente montar correas de transmisión desde el poder político a la administración de justicia. Uno tiene a pensar que determinadas situaciones personales, favores, coincidencias no pueden ser causales y que terminan constituyéndose en un viento a favor para el que ha propiciado tan felices casualidades. Ahí sí que se echa de menos el encastillamiento, la fortaleza en la que se ha de recluir el juez y de la que hablaba antes. De otro lado, la administración autonómica maldisimula sus deseos de entrar a controlar o a tomar parte de las decisiones sobre asuntos que hasta ahora estaban únicamente en manos de los jueces tales como la propia organización interna, la demarcación y planta judicial o la estructura y vida interna de los juzgados, la inspección del funcionamiento en la oficina judicial, la configuración de la figura del secretario dentro de la nueva filosofía que está poniendo en marcha el Consell de la Generalitat Valenciana de rebasar fronteras que y dominar territorios, como es también el caso del mundo universitario, que gozan hasta el momento de una saludable autonomía en una suerte de "tercera vía" modernizadora que esconde, sin dudas, su afán controlador. La justicia es la principal columna de un sistema democrático. Si se socaba su independencia, estamos ante un ataque clarísimo a la sociedad. Frente a ese deseo irrefrenable del poder político de influir en todos los estamentos del a sociedad, los jueces, desde el más importante al más modesto, han de reunir unas condiciones personales y de medios profesionales que le permitan conservar su independencia. De modo que si un juez fuerte, seguro, siempre es una garantía de ecuanimidad, todo lo que afecte a su seguridad, a sus medios, a su fortaleza siempre estará afectando su independencia. Pero las inversiones en la justicia no son el fuerte de los gobiernos. Lógicamente la sospecha y el recelo descritos más arriba no tienen una dimensión universal, ni muchísimo menos. Pero nunca vendrá mal la prevención y la alerta. Es bueno para todos.


PEDRO MUELAS NAVARRETE
Director del diario Levante. E.M.V.