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1ª Edición / 1032 págs. / Rústica / Castellano / Libro
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Con agradecimiento y satisfacción presento a la comunidad
 jurídica esta nueva edición de esta obra, que espero
 sea de gran utilidad para incentivar el debate y la reflexión
 académica alrededor de una materia tan dinámica como lo
 es la responsabilidad extracontractual del Estado.
 En esta edición se incorporó al capítulo II sobre el daño
 indemnizable en la responsabilidad del Estado, el análisis
 del pronunciamiento más reciente de la Sección Tercera
 del Consejo de Estado sobre el término de caducidad para
 los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, con el
 fin de reflexionar sobre la imprescriptibilidad y no caducidad
 en reparación directa para los casos de violación de
 derechos humanos.
 Asimismo, se adicionó al capítulo cuarto sobre la responsabilidad
 del Estado por los daños ocasionados por actos
 terroristas, el análisis de la última providencia de unificación
 en relación con la responsabilidad del Estado frente a
 las víctimas de accidentes con minas antipersonales.
 Otra de las novedades contenidas en esta edición, es la
 incorporación de los pronunciamientos más recientes de
 la Sección Tercera del Consejo de Estado y la Corte Constitucional,
 en relación con la responsabilidad del Estado por
 privación injusta de la libertad; en efecto, en la sección
 tercera del capítulo sexto sobre responsabilidad del
 Estado por la administración de justicia, se hace una
 reflexión sobre la entropía de las sentencias proferidas
 por las altas cortes y la necesidad de continuar este intenso
 debate pues en la actualidad no está unificado.
 Por último, esta edición contiene un nuevo capítulo
 denominado "Responsabilidad del Estado por el hecho
 del legislador", en el que se explica cómo el Estado
 puede responder por los daños causados en el ejercicio
 de su competencia reguladora, bien sea cuando éstos se
 deriven de la expedición de una norma ajustada al
 ordenamiento superior, o cuando se origine en una
 disposición que es declarada nula o inexequible según
 sea el caso. Igualmente, se reflexiona respecto a la
 responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos
 generados por actos administrativos de carácter general.