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Entre las Conferencias Intergubernamentales de 19991, que dieron origen al Tratado de Maastricht, y la de 2000, que ha alumbrado el Tratado de Niza, el Comité de las Regiones ha vivido un veloz proceso de consolidación como órgano que, en el entramado comunitario europeo, pretende canalizar los intereses e inquietudes de los entes regionales y locales de los Estados miembros de la Unión. El objeto de la presente obra es, precisamente, analizar las luces y las sombras del régimen jurídico en el que se enmarca la actuación del mencionado Comité, dotado prima facie de meras competencias consultivas según el texto del Tratado de la Comunidad Europea, pero visto, al mismo tiempo, por algunos de sus integrantes, como una plataforma política para hacer llegar a las instituciones de la Unión sus reivindicaciones en tomo a las más diversas materias. La heterogéneo composición del Comité de las Regiones, multiplicada considerablemente cuando se piensa en la próxima adhesión de nuevos Estados, dificulta, sin duda, los intentos de convertir a dicho órgano en un cauce eficaz para vertebrar la participación directa de las Comunidades Autónomas en una Unión Europea que aspire a compartir algo más que una moneda y unos tipos de interés.
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