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Con el plazo de transposición ya vencido, la incorporación de la Directiva (UE)
2019/1152 al Derecho español obliga a llevar a cabo una revisión del Estatuto de
los Trabajadores y de otras normas, principalmente el Real Decreto 1659/1998.
Las materias que deben ser comunicadas en papel o por soporte electrónico a los
trabajadores aumentan y se acortan considerablemente los plazos para dicha
comunicación. La Directiva obligará también a una revisión de la actual regulación
del periodo de prueba, entre otros ajustes, limitándolo a seis meses, con una
potencial reconsideración general de todo el sistema en lo que concierne a los
contratos de duración determinada. Un punto de particular interés en la transposición
será la puesta en práctica de mecanismos de tutela de los derechos contenidos
en ella. La transposición, en síntesis, obligará al legislador español a una
tarea detallada y minuciosa de ajuste, más compleja que en otras ocasiones, con
numerosas decisiones de política legislativa que no pueden ser objeto de una incorporación
automática. El impacto de la Directiva en los empleados públicos y
en las relaciones laborales de carácter especial son objeto, en concreto, de un
análisis específico a lo largo del libro.
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