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1ª Edición / 210 págs. / Rústica / Castellano / Libro
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Desde hace muchos años, la expansión de la delincuencia organizada y la diversificación de sus actividades ilícitas con la finalidad de aumentar su poder económico, obligó a los países a adoptar medidas restrictivas de derechos contra los miembros de estos grupos organizados quienes han sido vistos como enemigos del Estado. Con la aparición del denominado régimen de excepción en materia de delincuencia organizada en México, surgieron las críticas y el debate se centró entre los postulados de los defensores de derechos de los imputados de este tipo de delitos de alto impacto y los correspondientes a las autoridades encargadas del combate a este flagelo. Así, la doctrina se avocó predominantemente al estudio de las violaciones de derechos sustantivos y adjetivos que este régimen de excepción puede generarle a los delincuentes organizados; sin embargo, en dicho análisis se han dejado de lado, los derechos de las víctimas de estos ilícitos. En esta obra, se contraponen desde la perspectiva principialista, los derechos de los miembros de la delincuencia organizada y las prerrogativas de las víctimas, quienes también son reconocidas como sujetos del proceso penal. Finalmente, se esboza un test de proporcionalidad como la alternativa más justa para resolver en cada caso particular la afectación o prevalencia de los principios en conflicto, a fin de determinar, la aplicación de figuras propias del régimen de excepción.