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Las empresas, actores esenciales en nuestras sociedades y sistemas económicos y jurídicos, desenvuelven su existencia en un mundo globalizado y auspiciado por una realidad plagada de tecnología en constante avance, ambos incentivos para multiplicar las actividades e interacciones de las organizaciones que resultan cada vez más complejas. En este complicado escenario, la protección de las personas jurídicas para que puedan desarrollar su existencia y actividades se perfila como piedra angular y supone la identificación de los riesgos que permite prevenir y evitar la utilización de la propia organización para perpetrar conductas delictivas o que las mismas queden ocultas. Se recurre al cumplimiento normativo para conservar la reputación, privilegiar la integridad, combatir la corrupción y preservar la actividad lícita en ecosistemas cuya estructura puede transformarse en un ambiente fértil y propicio para la delincuencia. Por su parte, el Estado construye una respuesta a la altura de las circunstancias y, para evitar que el delito resulte productivo, echa mano de diversas herramientas entre las que des
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