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Una de las piezas claves de todo ordenamiento jurídico y, por supuesto, de la ordenación de las garantías procesales, está representada, sin duda alguna, por el sistema de medios de impugnación de las resoluciones judiciales, en la medida en que permite su control y la legitimación social de la actividad de los órganos del Poder Judicial. Doctrinalmente se ha sostenido que la pura lógica jurídica no impone la existencia de los recursos, ni la articulación de los procesos con una instancia y uno o más recursos. Éstos pueden ser convenientes (corregir los errores), o aconsejables (mayor seguridad y posibilidades de acierto cuando el asunto es revisado por otro órgano judicial), pero de ahí no cabe inferir, se dice, que imperativamente deban establecerse.
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