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La Directiva sobre la Orden Europea de Investigación facilita a partir de ahora las investigaciones transfronterizas del crimen, pero la falta de un desarrollo de mínimos por parte de la Unión Europea en materia de intervención de derechos fundamentales crea un desnivel entre la protección que dan los diferentes Estados a los derechos fundamentales y ello puede generar un asimetría peligrosa, pues ante violaciones idénticas encontraremos consecuencias procesales muy diversas y, además, se abre el campo a la tentación de hacer un shopping por la jurisdicción que menos exigencias ponga a una determinada investigación. Aceptar como carta blanca todo lo que venga de un país extranjero parece excesivamente generoso con los derechos fundamentales de las personas investigadas en la Unión Europea. Estamos en el camino de que la balanza acabe basculando hacia unos niveles de garantismo que se encuentran muy por debajo de los establecidos por la Jurisprudencia española.
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