El funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal constitucional

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El ciclo institucional de 30 años, transcurridos desde la
reforma constitucional de 1987 que inició el proceso de
transformación de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en un Tribunal Constitucional, nos invita a reflexionar
sobre los logros alcanzados por la Corte bajo esa
nueva identidad, pero también a advertir los obstáculos
que al día de hoy impiden su adecuado desenvolvimiento
como custodio de la regularidad del ordenamiento
jurídico, árbitro de las diputas en el ejercicio del poder,
garante de los derechos y libertades de las personas y
protector de la salud de nuestro sistema democrático.
Derivado de lo anterior, el objetivo de esta contribución
busca analizar si el marco competencial, la estructura
institucional y el funcionamiento interno de la SCJN se
encuentran orientados a lo que se ha esperado de ella en
las últimas décadas, o si, en cambio, se mantienen
defectos o insuficiencias que han restringido su concretización.
En la búsqueda de los factores y condicionamientos que
han ralentizado, detenido o postergado el eficaz desempeño
de la SCJN se identifican las reglas formales e
informales que, amalgamadas, han erigido incentivos
capaces de condicionar la acción de los integrantes del
Pleno. El pluralismo de visiones que ahí se congrega, la
manera en que se agrupan sus ministros, la disposición
que muestran para obtener decisiones ampliamente
compartidas, el esquema en el que deliberan, la dinámica
bajo la que votan y la forma en la que exteriorizan sus
discrepancias, dicen mucho de la actitud con la que cada
uno de sus integrantes asume su función, y revela la
capacidad de la SCJN para moverse íntegramente en una
determinada dirección.
Todas estas condicionantes han generado diversas tensiones
en la forma en que la SCJN, en Pleno o en salas, ejerce
su función constitucional, demostrando que entre sus
ministros conviven visiones, expectativas e intereses
distintos, lo cual desvela la existencia de cuestiones
abiertas e indefinidas que no han logrado consolidar
directrices de consenso sobre la orientación institucional
que busca asumir de cara a un nuevo ciclo histórico, a la
que deban conformarse solidariamente todos sus
integrantes.
La constatación de tendencias, resistencias e indefiniciones,
a 30 años de distancia, vuelve a abrir el añejo debate
en torno a la necesidad de una nueva reforma que delimite
con mayor precisión el núcleo esencial de la competencia
constitucional de la Suprema Corte o, en el extremo,
que impulse el tránsito definitivo hacia la edificación de
un auténtico Tribunal Constitucional.