Entre la procuración de justicia que deseamos y la política criminal que necesitamos. Reflexiones y propuestas

Después de haber prestado mis servicios por 35 años en el ámbito de la seguridad y justicia, así como conocer buenas prácticas en diversas fiscalías del país y en países como Estados Unidos, Argentina, Colombia y Chile, me propuse escribir un libro que mostrara una visión interna del Ministerio Público que permitiera destacar la importancia del vínculo estratégico entre su andamiaje normativo, organizacional y su servicio profesional de carrera.
El enfoque, si bien parte de mi experiencia en el estado de Tabasco, es común en problemáticas y áreas de oportunidad con las demás fiscalías del país, ya sea por la falta de autonomía real del Ministerio Público, del manejo ético y racional del presupuesto asignado, la ausencia de la sociedad en la evaluación institucional o la aplicación eficaz del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, entre otros temas.
A lo anterior, se suma la ausencia de una política criminal integral que coordine democráticamente las vertientes coercitivas y preventivas sociales que debe implementar el Estado y una política pública de procuración de justicia, capaz de impulsar una metodología de investigación respetuosa de los derechos humanos de las personas y de brindar resultados permanentes, que no dependan de presencias o circunstancias políticas efímeras, sino de la construcción metódica de las instituciones y la sólida formación de su capital humano.