Código Nacional de Procedimientos Penales. Teoría y práctica del proceso penal acusatorio 3ª Edición

El Código Nacional de Procedimientos Penales busca resolver
el confl icto entre el autor del delito y la víctima u ofendido
mediante una conciliación o arreglo que comienza por
garantizar o pagar la reparación del daño, dejando en un
segundo plano a la declaración de culpabilidad; de hecho,
un asunto penal puede concluir de forma defi nitiva sin que
necesariamente exista un pronunciamiento respecto de la
existencia o acreditación del delito.
Es necesario entender lo anterior para interpretar las disposiciones
del código procesal. Su objetivo es reducir el
número de casos que se resuelven mediante un juicio penal,
y fomentar el uso de nuevas salidas jurídicas como los
criterios de oportunidad que facultan al Ministerio Público
a resolver de forma defi nitiva un caso penal desde la etapa
de investigación. Ante el juez, también existen salidas
alternas que permiten concluir el confl icto de forma defi -
nitiva como los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional
del proceso; además del procedimiento abreviado
que le permite dictar sentencia condenatoria de manera
anticipada, previo acuerdo entre las partes. Sólo como último
recurso se llevará a cabo un juicio penal en el que se
desahogarán pruebas y se realizará el tradicional estudio
para determinar si está acreditado el hecho delictivo y la
responsabilidad penal (tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad).
En la tercera edición se analizan también las reformas al
Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de las
cuales destacan la armonización con el texto constitucional
del plazo máximo de duración de la prisión preventiva; la
instrumentación de medios electrónicos para la presentación
de denuncias o querellas en línea, la reparación del
daño como derecho irrenunciable; la precisión de los requisitos
de procedencia de los acuerdos reparatorios, de la
suspensión condicional del proceso y de los supuestos en
los que proceden los criterios de oportunidad; así como la
modifi cación de los casos en los que el imputado o su defensor
pueden incorporar datos y medios de prueba en el
plazo constitucional o su ampliación.
La reforma constitucional en materia penal de 2008, ahora
vigente en todo el país, transformó la justicia penal institucionalizando
la mediación como una forma más expedita y
efi caz de hacer justicia.