De animales y normas. Protección animal y derecho sancionador

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Como dice Javier de Lucas, prologuista de esta obra, el debate sobre los derechos de
los animales es, ante todo, una cuestión política, esto es, relativa al sentido de los
fines y medios que definen lo que podríamos llamar, en términos clásicos, el modelo
de sociedad justa o decente. Sin embargo, no merece ninguno de esos calificativos
un sistema social y económico antropocéntrico al que el sufrimiento de los animales
le es indiferente porque los concibe como un instrumento al servicio de las necesidades
o los deseos de los animales humanos.
Los autores del presente trabajo coinciden en reconocer a los animales el derecho
moral a no sufrir padecimientos injustificados o, si se prefiere, el interés por no
sufrir. Es más, o cambiamos nuestro modo de relacionarnos con la biodiversidad o
nuestra propia vida correrá serio peligro. Precisamente, en tiempos de COVID 19
parece más urgente que nunca recordar que el comercio de especies silvestres y la
deforestación son dos de los fenómenos con más impacto en la degradación de los
hábitats y el incremento del riesgo de enfermedades zoonóticas.
Por todo ello, como reconoce en la presentación del libro el Director General de
derechos de los animales, resulta inaplazable abordar de manera decidida la tutela
jurídica -civil, administrativa y, en última instancia, también penal- de los animales.
Pero debe hacerse desde la racionalidad jurídica. Ello implica, especialmente
cuando se trata de la tutela penal, respetar los límites que la Constitución impone al
derecho del Estado a castigar, evitando caer en un modelo hipertrofiado de sanción
penal con quiebra de la legalidad, la ofensividad y la intervención mínima. Más
urgente que una nueva reforma penal es, de un lado, proceder a la descosificación
jurídica de los animales y, de otro, cambiar las actuales condiciones de vida y de
muerte de los que están sometidos a un inaceptable sistema de explotación intensiva,
lo que exige tanto la mejora de la legislación, cuanto intensificar los mecanismos
de control de su cumplimiento.