El derecho de las personas con discapacidad intelectual institucionalizadas a una educación inclusiva

La Dra. Patricia González López, que ha sido Directora de Residencias y Centros
de Día (RESCD) de Discapacidad Intelectual y Profesora de esta materia en varias
universidades, nos enseña que los derechos de las personas con discapacidad se
han planteado desde dos perspectivas, la de la discapacidad en general, como la
física o sensorial, y la específica de la las personas con discapacidad intelectual,
cuya inclusión social requiere de una acción positiva más intensa, por ejemplo en
la inserción laboral; pero hay un tercer grupo de personas, dentro de la discapacidad
intelectual, olvidado, un auténtico "tercer mundo", el de las personas con
discapacidad intelectual gravemente afectadas, bien por tener un C.I. muy bajo,
bien por la presencia de otras discapacidades, o incluso patologías, que no dejan
más opción que la institucionalización en residencias. Estas personas, unas
131.000 en España, requieren de educación a lo largo de la vida, para mejorar su
autonomía, calidad de vida, actividades de la vida diaria, y que prevalezca su
dignidad como personas.
La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) impone
que se les preste educación permanente, pero no es así en la práctica, por el
desconocimiento de esta realidad. El resultado final es que "privamos del Estado
Social a quien más lo necesita". Para evitarlo, la autora propone tanto un plan
educativo, como la implementación de la necesaria educación a lo largo de la
vida, por entidades específicamente educativas, a fin de que no se confunda esta
vertiente, con la asistencial, característica de las RESCD.