El Modelo Constitucional de Derechos Humanos en México. Estudios sobre Constitucionalización del Derecho

En la actualidad, el modelo constitucional de derechos humanos surgido en 2011 enfrenta retos mayúsculos como consecuencia de
las diversas reformas constitucionales ocurridas en 2024. Piénsese en aquella que amplió los supuestos en que resulta de aplicación
directa la prisión preventiva oficiosa, desoyendo el Estado mexicano la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana en el caso
García Rodríguez y otro; este hecho significa restar peso a las normas internacionales sobre derechos humanos al interior de nuestro
ordenamiento y anular los compromisos internacionales previamente contraídos por México.
Piénsese, del mismo modo, en la reforma que prohíbe impugnar por conducto de los medios de control constitucional las decisiones
del órgano reformador de la Constitución, lo que conlleva, en las circunstancias actuales en las que un solo grupo político domina las
dos cámaras del Congreso de la Unión y la mayoría de las entidades federativas, un poder sin contrapeso en manos de sus dirigentes
para transformar en normas constitucionales cualquier decisión deseada bajo el supuesto falaz de que es fi el refl ejo de la voluntad
del pueblo.
Si sumamos a esto la reforma a los poderes judiciales del país que privó a los juzgadores de verdadera independencia y politizó la
impartición de justicia, y aquella que desapareció a los órganos constitucionales autónomos en detrimento del equilibrio entre los
poderes constituidos, entonces nos hallamos más cerca de retornar al autoritarismo de las décadas pasadas.
Para colmo, la prescripción prevista en el transitorio de un decreto de reforma constitucional de interpretar sus cláusulas conforme
a la literalidad del texto, en perjuicio de métodos más acordes a los principios de derechos humanos consagrados en el artículo
primero de la Constitución, no hace sino enrarecer aún más el panorama.
Las ideas defendidas en este libro, publicado originalmente diez años atrás, tienen como propósito recordarnos a todos el valor del
Estado constitucional de derecho; la importancia del principio pro-persona como eje articulador del ordenamiento jurídico mexicano;
la adecuación de sus contenidos al parámetro de regularidad supremo formado por los derechos humanos de fuente constitucional
e internacional; los límites a que debe estar sujeta la actuación del órgano reformador de la Constitución; la pertinencia de llevar
a cabo el control de convencionalidad ex offi cio por parte de los jueces nacionales en el ámbito de su competencia, y de aplicar las
restricciones constitucionales expresas de un modo proporcional.
Pese a que ningún texto académico es sufi ciente por sí mismo para transformar la realidad jurídica, en la medida en que los operadores
del sistema de justicia, a quienes este libro va dirigido, encuentren que sus tesis son aprovechables y merece la pena ponerlas
en práctica, no todo estará perdido.