El poder judicial en México durante la primera república central, 1836-1843 ¿Un guardián para los derechos?

El presente libro estudia un proceso fundamental de la historia de México durante el siglo XIX: el intento por convertir al poder judicial en el guardián de los derechos individuales. Durante la primera república federal mexicana (1824-1835), una vez esfumado el optimismo inicial tras la Independencia, la disputa entre las facciones políticas a nivel nacional reveló un grave problema. La inexistencia de instrumentos jurídicos efectivos a los cuales pudieran recurrir los habitantes cuando sus derechos eran vulnerados por disposiciones ilegales, inconstitucionales, o anticonstitucionales. Como planteaba uno de los políticos más relevantes de la época, aunque los derechos estaban reconocidos constitucionalmente, no existían garantías para su cumplimiento en la práctica, garantías que eran "lo más esencial e interesante para el ciudadano, a quien nada le importan promesas sino seguridades, nada palabras sino hechos y realidades".
Con el propósito de convertir al poder judicial en el "verdadero garante de los derechos individuales", la constitución de 1836, mediante la cual se estableció la primera república central mexicana (1836-1843), definió que el poder judicial debía estar caracterizado por tres grandes principios: independencia respecto los poderes legislativo y ejecutivo, facultades para organizarse a sí mismo, e integración por profesionales del derecho. Sin embargo, dicho ideal normativo se enfrentaría a una complicada realidad política, económica y social, la cual puso a prueba la capacidad del poder judicial para fungir como el guardián de los derechos.