La Desaparición Forzada en México

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La desaparición forzada es un delito pluriofensivo, que bajo determinadas circunstancias puede configurar un crimen de lesa humanidad, los primeros intentos para tipificar y castigar la desaparición forzada ocurrieron en los Tribunales de Núremberg y su primera mención en el seno internacional se dio en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1978 en las resoluciones relativas a las desapariciones forzadas ocurridas en Chipre y Chile, para posteriormente iniciar un proceso que culminó en una serie de instrumentos jurídicos orientados a erradicar esa práctica y la creación del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Comité contra las Desapariciones Forzadas. En ese sentido el trabajo de la Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido fundamental para el estudio de los elementos que componen a la desaparición forzada particularmente en el continente americano. Tras la resolución en 2009 del caso Radilla Pacheco ante la Corte IDH, México fue sentenciado a adecuar su legislación en la materia a los estándares internacionales, actualmente el marco jurídico está compuesto por la Ley General de Víctimas, la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, entre otras relacionadas como la Ley General de Archivos o la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.