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1ª Edición / 314 págs. / Tapa dura / / Libro
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Este libro es una obra que forma parte de una serie que analiza la génesis y el desarrollo de diversas materias del derecho administrativo en el sector público ampliado, que incluye a los tres Poderes de la Unión y otras entidades públicas como lo son los órganos constitucionales autónomos.
En esta obra participan servidores públicos, funcionarios judiciales y académicos especialistas en las responsabilidades administrativas en el Estado mexicano que comparten con el lector su experiencia profesional y conocimientos acumulados durante años lector. El resultado es una conveniente diversidad de enfoques de la materia y una gran riqueza de contenido originada por la mezcla entre la teoría y la praxis, que llena un vacío en la literatura especializada existente.
La lectura de la obra permite adentrarse teóricamente en los dilemas que se plantean en la técnica jurídica para un combate efectivo de la corrupción a partir de la identificación de las principales figuras y categorías del derecho disciplinario aplicadas por las diversas entidades públicas tanto de naturaleza administrativa, judicial y legislativa.
La comparación entre el derecho sancionatorio administrativo y el derecho penal es un motivo de reflexión recurrente de los autores, así como la importancia que han adquirido la prevención y disuasión de las conductas como estrategia del Estado mexicano para prevenir las faltas.
Los autores destacan que el eje del nuevo modelo de responsabilidades administrativas es la persona humana en dos sentidos: el derecho a la buena administración y el respeto a los derechos humanos de los servidores públicos inculpados. En ese sentido, se hace énfasis en que el garantismo es esencial para entender la evolución de la materia y que la exigencia de que la gestión pública genere confianza, credibilidad, certidumbre y combate efectivo a la corrupción, además de que sea eficaz, eficiente y económica.
El lector tiene en sus manos una obra que sin la pretensión de ser exhaustiva es holística y abre vetas para la reflexión futura y, sobre todo, plantea preguntas que permiten hacer una proyección de lo deseable y lo posible en la conformación de un régimen de responsabilidades administrativas más homogéneo y justo en el llamado sector público ampliado.