Litigación penal estratégica en juicios orales

En Litigación Penal Estratégica en Juicios Orales se explican y analizan destrezas y metodologías avanzadas de litigación en juicios orales ante tribunales penales, de modo que los jueces resuelvan en derecho a partir de evidencias y argumentos correctamente presentados.
El texto aborda la fase de juicio oral desde la óptica del litigante, revisando estrategias para el discurso de apertura, la examinación directa y contraexaminación de testigos y peritos, la formulación de incidentes y objeciones, la incorporación de prueba documental y material, y los aspectos centrales del discurso de clausura. Las orientaciones se formulan a partir de la Teoría del Caso, principal soporte metodológico y estratégico para una litigación exitosa y representación adecuada de intereses.
Las reformas procesales que se han llevado a cabo en América Latina, y que han establecido el proceso penal acusatorio, exigen a los actores jurídicos altos estándares de calidad en sus intervenciones, todo lo cual contribuye al fortalecimiento del estado de derecho, la democracia y los derechos humanos en la región.  

En Litigación Penal Estratégica en Juicios Orales se explican y analizan destrezas y metodologías avanzadas de litigación en juicios orales ante tribunales penales, de modo que los jueces resuelvan en derecho a partir de evidencias y argumentos correctamente presentados.
El texto aborda la fase de juicio oral desde la óptica del litigante, revisando estrategias para el discurso de apertura, la examinación directa y contraexaminación de testigos y peritos, la formulación de incidentes y objeciones, la incorporación de prueba documental y material, y los aspectos centrales del discurso de clausura. Las orientaciones se formulan a partir de la Teoría del Caso, principal soporte metodológico y estratégico para una litigación exitosa y representación adecuada de intereses.
Las reformas procesales que se han llevado a cabo en América Latina, y que han establecido el proceso penal acusatorio, exigen a los actores jurídicos altos estándares de calidad en sus intervenciones, todo lo cual contribuye al fortalecimiento del estado de derecho, la democracia y los derechos humanos en la región.