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En Iberoamérica, la justicia penal debe afrontar las nuevas realidades que impacta el fenómeno de la criminalidad a las sociedades. Por otro lado, asistimos a la exigencia del reconocimiento y protección de los Derechos Humanos por parte de las autoridades encargadas de la seguridad y la justicia.
En el caso que nos ocupa, debemos tener presente que el ámbito del derecho penal es el más restrictivo de los derechos personales. Por tanto, nos enfrentamos al dilema donde las libertades individuales y grupales deben interactuar con el cumplimiento de la ley, con el objetivo de mantener el orden, lo que precisamente, solo puede conseguirse mediante la actuación racional de todos los intervinientes; esto es, operadores y ciudadanía.
El derecho legitima la actuación estatal, la racionalidad optimiza la interacción Estado-ciudadano y, la dignidad, somete dicha interacción a la humanización de la justicia. En definitiva, la quita de la venda de la diosa Themis
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