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1ª Edición / 402 págs. / Rústica / / Libro
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La obra dibuja el marco multilingüe y pluricultural de
 un Estado que podríamos definir como un caleidoscopio
 de lenguas y culturas, enraizadas todas ellas en una
 misma Nación, pese a que surjan voces discrepantes
 que se sienten diferentes y ajenas a esa realidad
 histórica. La España democrática es inseparable de la
 heterogeneidad social y del respeto de todos y cada
 uno de sus ciudadanos, lo que exige el respeto también
 de todas y cada una de sus lenguas, empezando por el
 español y terminando por el catalán, el valenciano, el
 gallego, el euskera y los diferentes dialectos del país.
 Sin embargo, la realidad muestra un panorama diferente.
 Por ello, la obra analiza la situación jurídica del
 castellano frente a las lenguas cooficiales. El castellano,
 como lengua oficial, en virtud del artículo 3 de la
 Constitución, es una lengua de obligado conocimiento
 y voluntario uso, por parte de los españoles. Dicha
 obligación compromete a los poderes públicos, que
 deben garantizar el derecho a hablar o vivir en castellano.
 En esta línea, la obra se centra en un estudio de caso
 concreto, como es el derecho de acceso a la información
 pública en castellano que proporcionan los
 parlamentos autonómicos con lengua cooficial, para
 valorar la desprotección existente en ciertos territorios.
 El objetivo último es abordar soluciones que
 permitan fortalecer y hacer cumplir el mandato constitucional.